El Diputado Federal de Acción Nacional, Victor Pérez Díaz aseguró que en la discusión de los derechos de audiencia los lineamientos son emitidos por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que surge después de la desaparición del Instituto Federal de Transparencia, organismo cuya legitimidad descansaba precisamente en su autonomía constitucional, su carácter colegiado, su especialización técnica y la existencia de contrapesos internos.
“La CRT nace con un pecado original: sustituye a un árbitro técnico por un árbitro cuya independencia es cuestionada desde su origen”, enfatizó.
“Por ello, la preocupación de amplios sectores académicos, industriales y periodísticos no radica en la existencia de mecanismos de queja o defensorías de audiencias. La preocupación surge cuando conceptos extraordinariamente abiertos como ´información veraz´, ´información descontextualizada´ o la distinción entre información y opinión quedan sujetos a interpretación regulatoria. El riesgo no es una censura abierta y burda. Es algo más sofisticado y potencialmente más efectivo: una censura disfrazada de defensa de las audiencias; una censura disfrazada de debido proceso; una censura con rostro de trámite burocrático”, advirtió.
Víctor Pérez aseguró que la experiencia reciente del propio Gobierno alimenta estas preocupaciones.
“Durante años, desde las conferencias mañaneras se construyó una narrativa según la cual el Gobierno era capaz de definir qué información era verdadera, falsa, exagerada o manipulada. Independientemente de la opinión que se tenga sobre esos ejercicios, dejaron una huella institucional profunda: una parte importante de la sociedad dejó de confiar en que el gobierno sea un árbitro neutral en controversias informativas. Ese es el contexto en el que aparecen estos lineamientos. No se analizan en un vacío. Se analizan a la luz de una experiencia política concreta”, expresó Pérez Díaz.
El legislador albiazul manifestó que el problema es que la combinación de facultades regulatorias amplias, conceptos jurídicos ambiguos y organismos con baja legitimidad independiente produce inevitablemente incertidumbre para periodistas, concesionarios y ciudadanos.
“No hace falta cerrar medios para afectar la libertad de expresión. Basta con multiplicar procedimientos, quejas, investigaciones y riesgos regulatorios para generar autocensura”, apuntó.
“La pregunta central del debate no es si las audiencias tienen derechos. La pregunta es si una democracia puede confiar la interpretación de conceptos como verdad, contexto y objetividad informativa a instituciones nacidas de un proceso de centralización política. Ahí se encuentra el verdadero núcleo de la controversia”, subrayó.
Víctor Pérez afirmó que la actual controversia forma parte de un proceso más amplio que inició con la construcción de una hegemonía política por parte de la 4T, continuó con la eliminación de órganos constitucionales autónomos y hoy desemboca en la transferencia de facultades técnicas a organismos cuyos integrantes nacen bajo una lógica predominantemente política.
“El verdadero problema no es la existencia de derechos de las audiencias. Es quién interpreta esos derechos, bajo qué incentivos institucionales y con qué grado de independencia respecto del poder político”, concluyó Pérez Díaz.
