La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, Armida Serrato Flores, afirmó que la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permite al Poder Legislativo continuar con el juicio político en contra del Gobernador Samuel García, porque únicamente suspende la ejecución de una eventual sanción hasta que se resuelva el fondo de la controversia constitucional.
La legisladora señaló que la Corte autoriza al Congreso a continuar con todas las etapas previstas en la Ley de Juicio Político, incluso aprobar un dictamen en el Pleno y turnarlo al Tribunal Superior de Justicia.
“No veo por qué está celebrando el Gobernador la resolución. La Suprema Corte sí está autorizando a este Congreso del Estado, a través de la Comisión que presido, a continuar con todos los pasos que establece la Ley de Juicio Político, incluso, la aprobación de un dictamen en la Comisión de Anticorrupción y la aprobación de un dictamen en el Pleno del Congreso para que éste se vaya al Tribunal Superior de Justicia. Todo eso la Corte nos está permitiendo hacer, ¿Qué es lo que sí señala?, Que no podría emitirse una sanción por parte del Tribunal.”, afirmó en entrevista.
“La conclusión es clara: el juicio político continúa. La resolución de la Suprema Corte confirma que el Congreso puede seguir desarrollando el procedimiento constitucional. Seguiremos trabajando con responsabilidad, objetividad y dentro del marco legal hasta concluir cada una de las etapas del proceso”, subrayó.
La presidenta de la Comisión explicó que actualmente el procedimiento se encuentra en la etapa de investigaciones y diligencias, luego de haberse cumplido con la presentación de la denuncia, la notificación al denunciado y la recepción de su informe por escrito.
Asimismo, informó que continúan los requerimientos de información dirigidos a 69 dependencias estatales y federales relacionados con la investigación, particularmente sobre presuntas operaciones de triangulación de recursos, contratos y movimientos financieros de las empresas involucradas.
Serrato Flores también dio a conocer que el Instituto de la Defensoría Pública no respondió, dentro del plazo legal, al requerimiento para designar un defensor de oficio solicitado por el propio Gobernador, situación que deberá resolverse antes de la etapa de audiencias y alegatos.
“El pasado lunes 6 de julio se envió un oficio a Carlos Manuel Cuevas Martínez, que es el titular del Instituto de la Defensoría, para que nombrara, a solicitud propia del Gobernador, un abogado defensor de oficio. La fecha fatal que él tenía para nombrar a la persona fue el viernes 10 de julio. No contestó el requerimiento”, informó Serrato Flores.
“Esto es muy importante señalar porque ahorita, entonces, no sabríamos con quién va a acudir el mandatario estatal en la etapa de audiencias y alegatos”, agregó.
La legisladora estimó que, una vez concluido el análisis de la información que remitan las autoridades requeridas, la Comisión Anticorrupción podría sesionar hacia finales de julio para evaluar las pruebas y continuar con la integración del expediente.
De acuerdo con el calendario previsto, el dictamen podría someterse a consideración de la Comisión durante agosto y posteriormente presentarse al Pleno del Congreso, en cumplimiento de las etapas legales que la propia Suprema Corte permitió continuar.
Armida Serrato sostuvó que el Congreso seguirá actuando con estricto apego a la ley y a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
“La Comisión Anticorrupción sigue trabajando, como lo ha venido haciendo desde hace más de un mes, ahora con el aval de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación”, refirió.
