Vecinos de la colonia Vista Hermosa, en Monterrey, Nuevo León, han levantado una denuncia por posibles actos de corrupción en la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), luego de que un inmueble ubicado frente a Galerías Monterrey fuera acondicionado para operar como un casino sin contar con los permisos legales pertinentes.
El edificio en cuestión, que operó como gimnasio y tienda deportiva desde 2006 hasta 2023, fue arrendado en octubre de 2024 por Sergio Jacinto Gil García, propietario de la permisionaria Petolof. Este solicitó a la DGJS el traslado de su establecimiento, el casino «Red Diamond», hacia la nueva ubicación, bajo el nombre de «Regio Casino». Sin embargo, este cambio de ubicación no cumplía con los requisitos legales, como el uso de suelo para el funcionamiento de un casino, una violación que los vecinos no pasaron por alto.
Desde 2011, la expedición de permisos para casinos en el estado de Nuevo León está prohibida, como consecuencia de la tragedia ocurrida en el Casino Royal. A pesar de esta normativa, la DGJS emitió en diciembre de 2024 el oficio DGJS/2667/2024, autorizando el inicio de operaciones del nuevo casino para el 18 de diciembre de 2024, sin contar con la documentación necesaria para ello.
La Secretaría de Desarrollo Urbano procedió a clausurar el inmueble en noviembre de 2024 durante las remodelaciones, debido a la falta de permisos correspondientes. No obstante, se reportó que el propietario y sus colaboradores ignoraron los sellos de clausura y continuaron con las obras, lo que constituye un delito de quebrantamiento de sellos, tipificado en el artículo 189 del Código Penal.
Los vecinos, al percatarse de la situación, alertaron a las autoridades, logrando la detención en flagrancia de los trabajadores implicados en la violación de la clausura. El caso fue presentado ante el Juez Cívico municipal, quien lo turnó al Ministerio Público (MP) y se inició una carpeta de investigación. Los involucrados fueron vinculados a proceso y se les impuso prisión preventiva como medida cautelar.
A pesar de la clausura, se descubrió que Sergio Jacinto Gil García continuó realizando pagos de participaciones, aparentemente con la intención de simular que el casino seguía operando, lo que podría haber sido un intento de burlar a las autoridades.
Los colonos de la zona han señalado posibles actos de corrupción dentro de la Dirección General de Juegos y Sorteos, sugiriendo que la autorización para operar el casino podría haber estado influenciada por intereses ilícitos. Además, los vecinos han manifestado que ya han presentado su denuncia ante la DGJS y otras instancias
Este caso ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades en el proceso de autorización y operación de establecimientos de juegos en el estado, así como una posible red de corrupción que permitiría la operación de casinos sin los debidos permisos. Los vecinos han solicitado a las autoridades que refuercen las acciones legales y garanticen el cumplimiento de las normativas aplicables, con el fin de evitar futuros incumplimientos que pongan en riesgo la seguridad y la legalidad en la comunidad.
El caso sigue en investigación y podría derivar en nuevas acciones legales, dado el patrón de irregularidades denunciado.
El caso reciente de Sergio Jacinto Gil, en el caso de un casino clandestino, ha reavivado el debate sobre el cumplimiento de las normativas.
Según denuncias, Gil logró, mediante presuntas irregularidades, obtener autorización para trasladar su casino desde la avenida Revolución a una nueva ubicación en Insurgentes 4600. Este predio, sin embargo, no contaba con el uso de suelo adecuado para la operación de casinos, lo que violaba las normativas vigentes.
En noviembre de 2023, la Secretaría de Desarrollo Urbano clausuró el inmueble por no cumplir con los requisitos establecidos. No obstante, el operativo de clausura fue desobedecido por Gil y su personal, lo que llevó a la detención de varios empleados, quienes fueron ingresados al penal de Apodaca bajo prisión preventiva.
A pesar de la clausura, Gil continuó con sus actividades irregulares, simulando que el casino ya estaba en funcionamiento, e incluso realizó pagos a la Dirección de Juegos y Sorteos. En una inspección oficial realizada el pasado 27 de enero, se constató que Gil había trasladado máquinas de juego a un local contiguo, el cual carecía de servicio eléctrico y aún mostraba anuncios de una agencia de automóviles. Sin embargo, el inspector encargado procedió con la visita, a pesar de las evidentes irregularidades.
Vecinos de la zona, indignados por la falta de acción ante estos hechos, han presentado denuncias ante las autoridades municipales y estatales sin que se tomen medidas efectivas para frenar esta situación. Frente a esta impunidad, han solicitado la intervención directa de la presidenta para que se atienda el problema y se tomen las acciones legales correspondientes.
