Abogan por pago a ejidatarios de terrenos de Presa Libertad

En apoyo de los vecinos del Ejido El Alto que no han sido indemnizados por la construcción de la presa Libertad, el Congreso del Estado aprobó un exhorto para que Agua y Drenaje de Monterrey y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado atiendan de inmediato el justo reclamo de quienes eran propietarios de los terrenos expropiados.

La denuncia fue expuesta en tribuna por el Diputado priista Javier Caballero Gaona, quien refirió haber tenido una reunión con los afectados del municipio de Montemorelos, quienes señalaron que las autoridades estatales no han cumplido los compromisos.

“Desde hace más de cinco años, los vecinos del Ejido El Alto, en Montemorelos, llevan esperando una justicia que no llega. Las tierras que trabajaron durante décadas, que heredaron de sus padres y que representan su historia, su identidad y su sustento, fueron expropiadas para la construcción de la Presa Libertad”, indicó el legislador.

“Sin embargo, mientras el proyecto avanza, ellos siguen sin recibir la indemnización que por ley les corresponde. Lo que debía ser un procedimiento claro y justo se convirtió en una cadena de dilaciones, trámites interminables y gastos que han tenido que asumir por su cuenta”, acusó.

Caballero Gaona precisó que, oficialmente, el embalse mantiene el nombre de “Presa Libertad”.

De acuerdo con los testimonios de los propios ejidatarios encabezados por Guillermina González Balboa, las autoridades estatales no han realizado el pago correspondiente por las hectáreas afectadas, estimado en aproximadamente 270 mil pesos por hectárea.

A ello se suma que varios ejidatarios han fallecido sin recibir la indemnización correspondiente, dejando a sus hijos la obligación de iniciar procesos sucesorios complejos para reclamar un pago que debió efectuarse desde el inicio del procedimiento expropiatorio.

“Restituir lo que les corresponde no es un gesto de buena voluntad: es una obligación legal que debe cumplirse de manera inmediata para recuperar la legitimidad del proyecto y garantizar que ninguna comunidad en Nuevo León vuelva a ser desplazada sin la protección y la compensación que la ley establece”, agregó Caballero.

“Su lucha no es solo por el pago de sus tierras, sino por el respeto a su dignidad y a los derechos que el propio Estado está obligado a garantizar”, recalcó.

El exhorto fue aprobado por unanimidad y va dirigido al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, así como a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, para que, de manera inmediata, transparenten y realicen las gestiones necesarias para efectuar manera inmediata el pago correspondiente a los ejidatarios del Ejido El Alto.