Ante los casos de personas que enfrentan el riesgo de perder su vivienda tras ser víctimas de fraude inmobiliario o despojo, la Diputada de Movimiento Ciudadano, Marisol González, propuso tres iniciativas para fortalecer la protección del patrimonio de las familias de Nuevo León y brindar mayor certeza jurídica a quienes se encuentran involucrados en estos procedimientos.
Las propuestas buscan atender tanto a quienes necesitan recuperar su hogar como a compradores que descubren, incluso años después, que fueron víctimas de un fraude inmobiliario. El objetivo es que los casos se resuelvan con mayor rapidez, pero siempre con pruebas y respeto a los derechos de todas las personas involucradas.
Una de las iniciativas plantea reformar el Código Penal para el Estado de Nuevo León para aumentar en un 50 por ciento la pena máxima de prisión por fraude inmobiliario, pasando de 12 a 18 años. La modificación también contempla que la sanción alcance a quienes hayan vendido un inmueble sin contar realmente con los derechos para hacerlo.
Otra propuesta, explicó la diputada, plantea reformar la Ley del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, con el objetivo de agilizar la entrega de información solicitada por jueces y fiscalías. Se establece un plazo de respuesta de tres días hábiles, lo que podría reducir hasta dos meses un procedimiento que actualmente puede durar, en promedio, un año.
La tercera iniciativa contempla modificar el Código de Procedimientos Penales para permitir que las víctimas puedan solicitar la restitución provisional de su vivienda desde la investigación inicial ante el juez de control, cuando puedan acreditar que son propietarias del inmueble.
“Existen situaciones relacionadas con fraudes inmobiliarios, remates de casas a precios muy bajos o personas que prestaron una vivienda de buena fe y posteriormente no logran recuperarla. Lo que queremos evitar es que las personas recurran a la fuerza por su propia mano para intentar recuperar su patrimonio y terminen enfrentando consecuencias legales. En muchos casos, la propia ley termina jugando en su contra, aun cuando lo que buscan es recuperar su patrimonio. Es una problemática muy común”, dijo.
De esta manera, cuando exista un caso de despojo y se acredite la propiedad, las víctimas podrían regresar provisionalmente a su domicilio en un plazo máximo de 15 días, mientras continúa el procedimiento judicial correspondiente.
“Esto lo proponemos nosotros porque hemos visto, nos llegan muchos casos, no solo en Santa Catarina, sino también hemos escuchado que, en otros municipios pasa, que hay muchos fraudes inmobiliarios, remates de casa a muy bajo costo o gente que de plano le hicieron el favor de prestar una casa y ahora no se quiere salir”, concluyó.
